Este lunes a las 11:00 horas estaba fijada la audiencia, en la cual el Juzgado de Garantía de Antofagasta revisó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta para la concejala Paz Fuica desde el pasado viernes 12 de enero, instancia en que fue imputada por tres delitos de fraude al fisco en la arista Democracia Viva del Caso Convenios.

Jorge Mayne, abogado defensor de Paz Fuica, partió indicando que existen nuevos antecedentes para rebajar la intensidad de la medida cautelar impuesta, esto basándose en las declaraciones de exseremi del Minvu, Carlos Contreras y Liliana Contreras, excandidata al consejo constitucional por Revolución Democrática, quien habría prestado asesoría legal a los convenios del programa de Asentamientos Precarios.

El defensor asegura que no existió dolo en el papel que desempeñó Fuica, quien ha sido señalada como jefa de gabinete del exseremi del Minvu, estando contratada por una fundación. Además, haciendo alusión a conversaciones de WhatsApp, el abogado descartó que tomara decisiones sin que sus superiores visaran sus acciones.

En definitiva, el defensor de Fuica solicitó revocar la prisión preventiva canjeándola por las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional. 

Por su parte, el fiscal Cristián Aguilar, a cargo del caso, solicitó rechazar esta petición sosteniendo que no existirían antecedentes nuevos que justifiquen el cambio de la medida cautelar. Postura a la que se sumó el Consejo de Defensa del Estado y la parte querellante.

Luego de una extensa jornada en que todas las partes expusieron sus argumentos, el Tribunal de Garantía de Antofagasta  abrió debate para cambiar las cautelares por irreprochable conducta anterior y considerar desproporcionada la prisión preventiva. 

Ante lo cual, la Fiscalía solicitó arresto domiciliario y arraigo nacional, mismos términos que consideraron el Consejo de Defensa del Estado junto con la parte querellante. El abogado defensor en tanto pidió arresto domiciliario nocturno para que Paz Fuica pudiera realizar sus labores como concejal y asistir a estudios de magíster en políticas públicas que cursa en la Universidad Católica del Norte.

Finalmente, el Tribunal resolvió imponer arraigo nacional y arresto domiciliario total.