Contraloría da plazo a Presidencia para aclarar gastos de almuerzo en La Moneda
La Contraloría solicita explicaciones a Presidencia sobre los costos de un almuerzo en La Moneda, denominado como 'el banquetazo' por parlamentarios de oposición.
La Contraloría General de la República (CGR) ha aceptado formalmente el requerimiento presentado por la senadora Daniella Cicardini (PS) y los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Nelson Venegas (PS).
El documento tiene como objetivo esclarecer si el almuerzo, llevado a cabo el pasado viernes 10 de abril en los salones de la casa de Gobierno, implicó el uso de fondos estatales.
Los parlamentarios solicitan a La Moneda que detalle la naturaleza del evento, las áreas utilizadas y el personal asignado. Además, la Contraloría ha pedido aclaraciones sobre los costos involucrados, la asignación presupuestaria y posibles reembolsos privados por parte de los asistentes.
Para el diputado Manouchehri, quien se refirió al encuentro como "el banquetazo", es crucial que el Ejecutivo responda con transparencia. El legislador enfatizó que el tema central no es la capacidad del Presidente para reunirse con amigos, sino "si se pueden usar recursos públicos en eventos privados y comidas con amigos del presidente".
Según información de Bío Bío Investiga, en el almuerzo se reunieron ex compañeros de la carrera de Derecho de la Universidad Católica. El menú ofrecido por el mandatario incluyó tartar de tomates, puré rústico, vino tinto y la clásica plateada al jugo.
Ante estos hechos, el diputado Nelson Venegas afirmó que la intervención de la Contraloría indica que se trata de un asunto "absolutamente serio". Según el parlamentario, realizar actividades privadas en un edificio público podría constituir una potencial "violación a la ley", motivo por el cual el ente fiscalizador solicitó un informe detallado a la Presidencia.
Luego de recibir la notificación oficial, el Gobierno dispone de un plazo de 10 días hábiles para presentar toda la documentación que respalde el evento.
La entidad reguladora evaluará si se hizo un uso adecuado de los bienes estatales o si hubo desvío de fondos públicos para una actividad social que los denunciantes consideran ajena a las responsabilidades del cargo presidencial.
Fuente: Publimetro
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