Abogado José Villagrán interpuso querella contra dos funcionarios de la PDI

​ Según los antecedentes presentados ante el tribunal de garantía de Valparaíso, la acción judicial tiene por objeto que se investigue y sancione la eventual comisión de ilícitos vinculados al uso arbitrario o ilegal de las funciones públicas, presuntamente cometidos en el ejercicio de sus cargos dentro de la institución policial. Villagrán Reyes señaló que los hechos revisten especial gravedad, dado que involucran a funcionarios de alta jerarquía en una institución encargada precisamente de la investigación y persecución del delito. 

 El abogado José Villagrán Reyes preciso que los querellados son —Guillermo Mauricio Gálvez Carriel, prefecto regional de la PDI, y Hugo Andrés Haeger Bórquez, prefecto general a cargo de la Subdirección de Investigación— acusando que habrían incurrido en graves irregularidades en el marco de un sumario administrativo seguido en contra del funcionario de iniciales L.L.T. 

 De acuerdo con la acción presentada por Villagrán, ambos oficiales omitieron dar curso a una denuncia formulada por el funcionario L.L.T. por supuesta falta de probidad administrativa en que habría incurrido el propio Haeger Bórquez. El abogado sostiene que esta omisión reviste especial gravedad, ya que el Estatuto Administrativo obliga a toda autoridad a cursar y tramitar las denuncias que se presenten dentro del ámbito de su competencia. 

 El libelo detalla además que las irregularidades cometidas en perjuicio de L.L.T. serían sistemáticas, señalando que Haeger Bórquez, actuando fuera de sus atribuciones legales, habría propuesto una sanción específica en contra del funcionario, pese a no tener competencia fiscalizadora ni dictaminadora en el proceso sumarial. Tal conducta, agrega Villagrán, configuraría una falta de probidad y una actuación ilegal y arbitraria. 

 A juicio del abogado, el prefecto regional Gálvez Carriel no solo omitió aplicar la ley y tramitar la denuncia, sino que además adoptó la propuesta sancionatoria de Haeger Bórquez, lo que demostraría una influencia determinante del alto mando nacional en la decisión de destituir al funcionario, sanción que actualmente se encuentra en apelación. Villagrán también denunció que el sumario en cuestión lleva más de cuatro años en tramitación, situación que motivó la intervención de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual recientemente acogió un recurso de protección presentado por el funcionario afectado. 

En su fallo, el tribunal de alzada advirtió que la extensa demora vulnera el derecho al debido proceso, sin que hasta ahora —según el querellante— las autoridades regionales de la PDI hayan corregido la tramitación “lenta, ilegal y arbitraria” del procedimiento.