Sobrepoblación y recorte presupuestario agudizan la crisis en Gendarmería

Durante la última semana, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes ha enfrentado una serie de incidentes que han puesto a prueba al personal de Gendarmería. Quizá la más grave se registró el viernes cuando en medio de una riña, un interno resultó apuñalado. Eso sumado a otros desórdenes llevaron a que las autoridades regionales y nacionales de la institución se hicieran presentes en el recinto, con el objetivo de respaldar el trabajo de los funcionarios y reforzar las medidas de control al interior del penal.

Se trata de hechos generados en un contexto complejo para Gendarmería, donde las dificultades presupuestarias y el hacinamiento agravan las condiciones laborales y de seguridad. En ese contexto, desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) de Los Andes manifestaron su preocupación por la falta de recursos, ya que el presupuesto proyectado para el próximo año contempla 1.500 millones de pesos en seguridad y personal de trato directo, cifra que representa una reducción cercana a los $2.000 millones respecto al año anterior.

A esto se suma la sobrepoblación que afecta al penal. El recinto de avenida Carlos Díaz fue diseñado para albergar a 220 internos, pero en las últimas semanas llegó a tener 540. Actualmente la población penal alcanza los 490 reclusos, más del doble de su capacidad, lo que genera tensiones constantes, dificulta la convivencia y aumenta el riesgo tanto para los internos como para el personal que los custodia.

La desproporción entre reclusos y gendarmes es otro de los factores críticos. Hoy, por cada 15 internos hay solo un funcionario a cargo, cuando la proporción ideal debiera ser de un gendarme por cada dos personas privadas de libertad. Esta brecha impacta directamente en la capacidad de prevención y respuesta ante hechos de violencia o emergencias dentro del penal.

Desde el ámbito penitenciario se advierte que la crisis carcelaria requiere mayor atención de las autoridades, especialmente en regiones como Valparaíso, que presenta la segunda tasa más alta de sobrepoblación del país. A nivel local eso sí, se destacó el trabajo e interés permanente del Delegado Presidencial, el alcalde de la comuna y la Seremi de Justicia por frenar una situación donde funcionarios y reclusos conviven a diario en un escenario que evidencia la urgencia de fortalecer la infraestructura y el apoyo al sistema penitenciario.

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