Con cerca de dos años de investigación, Karina Oliva, su expareja y expresidente de Comunes, Jorge Ramírez, y otras 9 personas vinculadas al Frente Amplio, enfrentarán una posible formalización por defraudar al Estado en la rendición de gastos en la campaña de Oliva para la Gobernación Regional Metropolitana en 2021. 

La solicitud de formalización fue presentada al Séptimo Juzgado de Garantía por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, junto al investigador Milibor Bugueño. Según La Tercera, la fiscalía encontró graves inconsistencias en la rendición de gastos de la campaña, lo que llevaría a los involucrados a ser encausados por el delito de fraude de subvenciones.

Además, se imputaría a parte del círculo de Oliva por infracción a la Ley de Gasto Electoral, debido a la presentación de antecedentes falsos, así como por apropiación indebida de fondos públicos. Sin embargo, el abogado defensor de Karina, Juan Carlos Manríquez, afirmó que en esta formalización hay medias verdades y que solicitará el sobreseimiento después de la audiencia.

Las investigaciones del OS-7 de Carabineros revelaron que los imputados utilizaron la Fundación Chile Movilizado para triangular dineros y recibir fraudulentamente rembolsos por parte del Estado, por un monto cercano a los 120 millones de pesos.

La directiva nacional del Partido Comunes emitió una declaración en la que señaló que la actual administración del partido ha tomado medidas para asegurar la correcta administración de recursos y rendición de cuentas internas. La diputada de Comunes, Camila Rojas, aseguró que ninguno de los investigados por el Ministerio Público es actualmente militante del partido y que gran parte de ellos fueron expulsados por el Tribunal Supremo y ratificado por la Corte de Apelaciones.

En el comunicado, la directiva del partido expresó su deseo de que el proceso se resuelva rápidamente para disipar cualquier duda sobre la integridad del Partido Comunes.