“Las cifras altas se deben a que ya empezó el mecanismo de liquidación de oficio por el tribunal. Si bien esto significa una gran cantidad de trabajo, se ha estado tratando de realizar la mayor cantidad de ellas, de forma que sean eficaces las medidas establecidas por esta ley”, explicó la jueza Marcela Valenzuela Rodríguez, del Juzgado de Familia de Valparaíso. Sin perjuicio de lo anterior, la región también marca un porcentaje de deuda en alimentos de un 13,79% (4.631 pensiones), lo que a juicio de la magistrada Valenzuela “puede ser indiciario de que existe un alto incumplimiento pago de pensiones alimenticias aquí en la región, y eso va de la mano con que existe un alto porcentaje de pensiones que están judicializadas”. En ese sentido, aunque existe un alto nivel de deuda de estas obligaciones en la región, de ellas solamente 277 fueron enviadas al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, lo que significa un porcentaje de 5,98% del total de pensiones liquidadas. “Una vez verificados los requisitos de la ley, a petición de parte o de oficio por el tribunal, ingresan inmediatamente al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, aunque existen ciertos plazos como los tres días para objetar la liquidación y para reponer en caso de que esta sea acogida, pero una vez resuelta esta y firme la resolución entran al registro”, puntualiza. En particular, en la Región de Valparaíso, existe una alta difusión sobre esta nueva normativa, lo que pudo incidir en la alta cantidad de pensiones regularizadas por la justicia. “Se ha difundido bastante en distintas instituciones de educación superior, en distintas universidades, donde hemos expuesto personalmente acerca de esta ley, y esto facilita el acceso de las personas a la justicia”, expresa la jueza. Además, añadió que “en las mesas de trabajo se han difundido los alcances de esta norma, a través también de las redes sociales, los medios del Poder Judicial y eso ha facilitado la información para las personas que están dentro de la hipótesis de la ley”. Finalmente, cabe destacar que el nuevo Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos incluye una serie de alcances legales para las personas que no están al día con esta obligación. “Establece ciertas medidas que hacen que sea un aliciente para el deudor de pensión de alimentos pagar, es decir, el que incumple obligaciones en ciertos periodos de tiempo continuo o discontinuo ingresa al registro, y esto implica muchas sanciones en el ámbito civil, comercial y otros ámbitos de la vida del deudor”, concluye.
Se trata del denominado Sistema de Turno de Instrucciones y Flagrancia que actualmente involucra las fiscalías de La Calera, Quillota, Quilpué, Villa Alemana y Limache, pero que, de acuerdo a los resultados, se busca implementar próximamente en Aconcagua y todo el territorio nacional. La iniciativa tiene que ver con un desarrollo integral que lidera la Fiscalía Nacional y tiene que ver con el proyecto “Red Gestión Penal”, que es incorporar en los procesos diarios de trabajo, una forma tecnológica de llevar a cabo los registros y actuaciones propias del Ministerio Público con las Instituciones que tienen relación permanente, en este caso, las policías. En ese sentido, por ejemplo, Carabineros al momento de adoptar un procedimiento podrá realizar diligencias de manera inmediata sin esperar la definición del fiscal, pues todas las diligencias, según tipo de delitos, se encuentran previamente cargadas en el sistema informático, las que sí deben ser confirmadas y validadas por el fiscal a través de la plataforma o por comunicación telefónica. El Sistema de Turno de Instrucciones y Flagrancia inició su ejecución en la Macrozona de Marga Marga el día 1 de junio y hasta el 14 del mismo mes, se han ingresado y tramitado un total 201 procedimientos, con un total de 209 detenidos y 123 imputados controlados en audiencia ante un juez de garantía.
“Las cifras altas se deben a que ya empezó el mecanismo de liquidación de oficio por el tribunal. Si bien esto significa una gran cantidad de trabajo, se ha estado tratando de realizar la mayor cantidad de ellas, de forma que sean eficaces las medidas establecidas por esta ley”, explicó la jueza Marcela Valenzuela Rodríguez, del Juzgado de Familia de Valparaíso. Sin perjuicio de lo anterior, la región también marca un porcentaje de deuda en alimentos de un 13,79% (4.631 pensiones), lo que a juicio de la magistrada Valenzuela “puede ser indiciario de que existe un alto incumplimiento pago de pensiones alimenticias aquí en la región, y eso va de la mano con que existe un alto porcentaje de pensiones que están judicializadas”. En ese sentido, aunque existe un alto nivel de deuda de estas obligaciones en la región, de ellas solamente 277 fueron enviadas al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, lo que significa un porcentaje de 5,98% del total de pensiones liquidadas. “Una vez verificados los requisitos de la ley, a petición de parte o de oficio por el tribunal, ingresan inmediatamente al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, aunque existen ciertos plazos como los tres días para objetar la liquidación y para reponer en caso de que esta sea acogida, pero una vez resuelta esta y firme la resolución entran al registro”, puntualiza. En particular, en la Región de Valparaíso, existe una alta difusión sobre esta nueva normativa, lo que pudo incidir en la alta cantidad de pensiones regularizadas por la justicia. “Se ha difundido bastante en distintas instituciones de educación superior, en distintas universidades, donde hemos expuesto personalmente acerca de esta ley, y esto facilita el acceso de las personas a la justicia”, expresa la jueza. Además, añadió que “en las mesas de trabajo se han difundido los alcances de esta norma, a través también de las redes sociales, los medios del Poder Judicial y eso ha facilitado la información para las personas que están dentro de la hipótesis de la ley”. Finalmente, cabe destacar que el nuevo Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos incluye una serie de alcances legales para las personas que no están al día con esta obligación. “Establece ciertas medidas que hacen que sea un aliciente para el deudor de pensión de alimentos pagar, es decir, el que incumple obligaciones en ciertos periodos de tiempo continuo o discontinuo ingresa al registro, y esto implica muchas sanciones en el ámbito civil, comercial y otros ámbitos de la vida del deudor”, concluye.
Se trata del denominado Sistema de Turno de Instrucciones y Flagrancia que actualmente involucra las fiscalías de La Calera, Quillota, Quilpué, Villa Alemana y Limache, pero que, de acuerdo a los resultados, se busca implementar próximamente en Aconcagua y todo el territorio nacional. La iniciativa tiene que ver con un desarrollo integral que lidera la Fiscalía Nacional y tiene que ver con el proyecto “Red Gestión Penal”, que es incorporar en los procesos diarios de trabajo, una forma tecnológica de llevar a cabo los registros y actuaciones propias del Ministerio Público con las Instituciones que tienen relación permanente, en este caso, las policías. En ese sentido, por ejemplo, Carabineros al momento de adoptar un procedimiento podrá realizar diligencias de manera inmediata sin esperar la definición del fiscal, pues todas las diligencias, según tipo de delitos, se encuentran previamente cargadas en el sistema informático, las que sí deben ser confirmadas y validadas por el fiscal a través de la plataforma o por comunicación telefónica. El Sistema de Turno de Instrucciones y Flagrancia inició su ejecución en la Macrozona de Marga Marga el día 1 de junio y hasta el 14 del mismo mes, se han ingresado y tramitado un total 201 procedimientos, con un total de 209 detenidos y 123 imputados controlados en audiencia ante un juez de garantía.