Como una querella que no tiene mucho sentido, fue catalogada la presentación, en contra de la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, por el delito de detención ilegal y abuso contra particulares, Acción judicial que fue declarada admisible por el juzgado de garantía de San Felipe, por el municipio Los hechos denunciados habrían ocurrido en noviembre cuando personal municipal junto a carabineros procedieron a fiscalizar y posteriormente clausurar un local de juegos ubicado en calle Santo Domingo. En este contexto, según publica radio Bio Bio, cuatro empleados de esta empresa fueron detenidos de manera unilateral. A dos de ellos, según detalla el documento, se les aplicó un uso excesivo de fuerza tanto por personal de Carabineros como municipal. Lo concreto es que el Juzgado de Garantía comunicó que dado que se reunieron todos los requisitos que establece el Código Procesal Penal, se declaró admisible la acción judicial. Junto a ello, los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público para su tramitación.
Una vez más la comuna de San Felipe está dando que hablar por cosas que nadie quisiera tener cerca. Esta vez, se trata de un dramático caso de violencia y maltrato animal que comenzó a viralizarse a través de redes sociales y que da cuenta de un perro que murió calcinado al interior de las dependencias de un mall chino, ubicado en avenida Maipú. En el registro se ve claramente a la mascota encerrada en una pequeña jaula que fue alcanzada por el fuego. Apenas se conoció esta situación, el encargado del recinto fue detenido por personal del OS 14 de Carabineros, aunque posteriormente quedó en libertad a espera de ser citado a declarar. Desde el municipio inmediatamente el departamento jurídico redactó una querella criminal que fue presentada durante la mañana de este viernes en el Tribunal de Garantía. La acción legal señala que el jueves a eso de las 16.40 horas, el departamento de seguridad pública tomó conocimiento por parte de la Veterinaria Municipal, sobre una quema al interior del mall chino recientemente inaugurado, lo que derivó en la muerte del animal. La querella está dirigida al dueño del recinto donde ocurrió el hecho y según se explicó desde el departamento jurídico, los delitos por maltrato animal tienen una pena especial y en este caso por existir resultado de muerte, el o los culpables arriesgan penas de hasta 3 años de cárcel, que es lo que se buscará mediante la acción judicial presentada este viernes.
Este miércoles, las diputadas de Chile Vamos, Camila Flores (RN), Paula Labra (RN) y Flor Weisse (UDI) antepusieron una querella criminal en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve por el delito de secuestro agravado y Carolina Tohá, ministra del Interior, por obstrucción a la justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia. Específicamente, las congresistas busca que se investiguen las responsabilidades penales y administrativas por hechos de extrema gravedad que “afectan la credibilidad” de las instituciones públicas. Ello, en el marco del denominado Caso Monsalve. En la acción judicial, las parlamentarias aseveran que los antecedentes conocidos “revisten de gravedad y deben ser investigadas exhaustivamente, porque infringen no solo normas de la Ley de Inteligencia, sino que constituyen actos que pueden haber modificado pruebas”.Siguiendo esa línea, Camila Flores indicó que solicitan que se configure el delito de secuestro agravado contra el ''exzar de la Seguridad'', “porque ha sido retenida una víctima y el producto de esa retención, precisamente, ha existido una presunción de delito de violación que se está investigando”, subrayó. En tanto, Paula Labra comentó que la querella criminal surgió luego que constaran “que hubo un pacto de silencio” entre las autoridades de Gobierno.“Estamos hablando de un exsubsecretario del Interior, una persona poderosa que utilizó sus redes propias del cargo para encubrir el caso. Por eso, con firme convicción, hemos tomado la decisión de querellarnos por secuestro agravado, porque la víctima fue retenida contra su voluntad. Monsalve debe pagar por todos sus actos, por justicia y honor a la víctima”, fustigó. De acuerdo a Flor Weisse, los hechos que se han conocido dan cuenta de un “circo romano, donde se ha hecho un guión, una trama por parte de La Moneda”.“En esta querella se suma la omisión de denuncia, toda vez que la ministra del Interior también tenía la obligación, como cualquier funcionario público, de poner y denunciar los hechos de los cuales tomó conocimiento de manera inmediata”, profundizó. Sumado a lo anterior, el texto detalla que Tohá habría mantenido comunicaciones con Monsalve en momentos críticos del proceso, lo que podría haber interferido en la calidad reservada de la investigación. Con todo, en base a lo expuesto en el documento, se deberá determinar si “este llamado realizado por la ministra Tohá a Monsalve, antes de realizarse el allanamiento, fue la alerta suficiente para que el querellado procediera al cambio del chip de su teléfono celular, constituyendo un hecho relevante en la investigación del delito de obstrucción a la investigación”.
Como una querella que no tiene mucho sentido, fue catalogada la presentación, en contra de la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo, por el delito de detención ilegal y abuso contra particulares, Acción judicial que fue declarada admisible por el juzgado de garantía de San Felipe, por el municipio Los hechos denunciados habrían ocurrido en noviembre cuando personal municipal junto a carabineros procedieron a fiscalizar y posteriormente clausurar un local de juegos ubicado en calle Santo Domingo. En este contexto, según publica radio Bio Bio, cuatro empleados de esta empresa fueron detenidos de manera unilateral. A dos de ellos, según detalla el documento, se les aplicó un uso excesivo de fuerza tanto por personal de Carabineros como municipal. Lo concreto es que el Juzgado de Garantía comunicó que dado que se reunieron todos los requisitos que establece el Código Procesal Penal, se declaró admisible la acción judicial. Junto a ello, los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público para su tramitación.
Una vez más la comuna de San Felipe está dando que hablar por cosas que nadie quisiera tener cerca. Esta vez, se trata de un dramático caso de violencia y maltrato animal que comenzó a viralizarse a través de redes sociales y que da cuenta de un perro que murió calcinado al interior de las dependencias de un mall chino, ubicado en avenida Maipú. En el registro se ve claramente a la mascota encerrada en una pequeña jaula que fue alcanzada por el fuego. Apenas se conoció esta situación, el encargado del recinto fue detenido por personal del OS 14 de Carabineros, aunque posteriormente quedó en libertad a espera de ser citado a declarar. Desde el municipio inmediatamente el departamento jurídico redactó una querella criminal que fue presentada durante la mañana de este viernes en el Tribunal de Garantía. La acción legal señala que el jueves a eso de las 16.40 horas, el departamento de seguridad pública tomó conocimiento por parte de la Veterinaria Municipal, sobre una quema al interior del mall chino recientemente inaugurado, lo que derivó en la muerte del animal. La querella está dirigida al dueño del recinto donde ocurrió el hecho y según se explicó desde el departamento jurídico, los delitos por maltrato animal tienen una pena especial y en este caso por existir resultado de muerte, el o los culpables arriesgan penas de hasta 3 años de cárcel, que es lo que se buscará mediante la acción judicial presentada este viernes.
Este miércoles, las diputadas de Chile Vamos, Camila Flores (RN), Paula Labra (RN) y Flor Weisse (UDI) antepusieron una querella criminal en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve por el delito de secuestro agravado y Carolina Tohá, ministra del Interior, por obstrucción a la justicia, infracción a la Ley de Inteligencia y omisión de denuncia. Específicamente, las congresistas busca que se investiguen las responsabilidades penales y administrativas por hechos de extrema gravedad que “afectan la credibilidad” de las instituciones públicas. Ello, en el marco del denominado Caso Monsalve. En la acción judicial, las parlamentarias aseveran que los antecedentes conocidos “revisten de gravedad y deben ser investigadas exhaustivamente, porque infringen no solo normas de la Ley de Inteligencia, sino que constituyen actos que pueden haber modificado pruebas”.Siguiendo esa línea, Camila Flores indicó que solicitan que se configure el delito de secuestro agravado contra el ''exzar de la Seguridad'', “porque ha sido retenida una víctima y el producto de esa retención, precisamente, ha existido una presunción de delito de violación que se está investigando”, subrayó. En tanto, Paula Labra comentó que la querella criminal surgió luego que constaran “que hubo un pacto de silencio” entre las autoridades de Gobierno.“Estamos hablando de un exsubsecretario del Interior, una persona poderosa que utilizó sus redes propias del cargo para encubrir el caso. Por eso, con firme convicción, hemos tomado la decisión de querellarnos por secuestro agravado, porque la víctima fue retenida contra su voluntad. Monsalve debe pagar por todos sus actos, por justicia y honor a la víctima”, fustigó. De acuerdo a Flor Weisse, los hechos que se han conocido dan cuenta de un “circo romano, donde se ha hecho un guión, una trama por parte de La Moneda”.“En esta querella se suma la omisión de denuncia, toda vez que la ministra del Interior también tenía la obligación, como cualquier funcionario público, de poner y denunciar los hechos de los cuales tomó conocimiento de manera inmediata”, profundizó. Sumado a lo anterior, el texto detalla que Tohá habría mantenido comunicaciones con Monsalve en momentos críticos del proceso, lo que podría haber interferido en la calidad reservada de la investigación. Con todo, en base a lo expuesto en el documento, se deberá determinar si “este llamado realizado por la ministra Tohá a Monsalve, antes de realizarse el allanamiento, fue la alerta suficiente para que el querellado procediera al cambio del chip de su teléfono celular, constituyendo un hecho relevante en la investigación del delito de obstrucción a la investigación”.